Panorama de los museos actuales de México. Más allá de la titularidad

Puede pensarse que este esquema es histórico y que debíamos superar las primeras etapas; sin embargo, las tres esferas —Estado, mercado, ciudadanía— en cierto modo están interconectadas. Recientemente, son pocos los espacios que el Gobierno federal ha erigido, entre ellos, el Museo Maya de Cancún, construido ex profeso por el INAH. Hoy los intereses estatales se encuentran muy ligados a los del mercado, en especial, en lo que se refiere a generar sitios de atracción para el turismo nacional e internacional. Algunas de estas iniciativas ya no se han impulsado desde el Gobierno federal, sino desde las instancias estatales en modelos que combinan inversiones privadas con fondos públicos.

Dos casos polémicos merecen especial mención. Se trata del Museo Internacional del Barroco en la ciudad de Puebla y el Gran Museo del Mundo Maya en Mérida, Yucatán. Ambos se construyeron gracias al esquema Proyectos para la Prestación de Servicios y operan bajo el mismo. En este modelo una instancia privada financia los gastos asociados a la creación del museo y garantiza su óptimo funcionamiento mediante un contrato; el Gobierno se compromete a pagar contratos millonarios por un plazo preestablecido.

Algunas de las críticas más fuertes que han recibido estos museos se relacionan con las altas inversiones para su creación y la deuda pública que pueden generar, la pertinencia o no de sus temáticas y enfoques, así como el déficit de colecciones con las que cuentan, por lo cual se ven obligados a solicitar objetos en préstamo o a movilizarlos desde otros museos preexistentes. Las apuestas por estos nuevos espacios se han realizado bajo la idea de la atracción turística, de generar landmarks en las ciudades mediante la construcción de edificios emblemáticos, y también como promoción personal y política de los gobernadores.

Los intereses del mercado también han promovido la creación de nuevos museos que cobran cada día mayor relevancia. Dos de los suntuosos edificios construidos recientemente en la Ciudad de México ocupan, es curioso, la misma plaza: el Museo Soumaya (2011) y el Museo Jumex (2013), ambos propiedad de empresarios y coleccionistas privados. Los espacios les otorgan a sus dueños prestigio, exención de impuestos y visibilidad en medios. El primero es de acceso gratuito y su popularidad ha crecido, al grado de ser escenario de visitas de Estado o de importantes personajes del medio artístico o deportivo. Mientras tanto, el Jumex utiliza las exposiciones temporales como un polo de atracción para los visitantes.

En cuanto a los intereses de la ciudadanía, éstos se ven de forma parcial reflejados en un abanico de iniciativas y puesta en marcha de proyectos, que van desde pequeños espacios comunitarios hasta casos como el Museo de la Ciudad de Huamantla. Varios han adoptado el título comunitario, como el 13 % de los museos del país (ciento sesenta y dos), título que no denota, necesariamente, procesos participativos en los que diversos sectores de las comunidades aledañas se involucran. Esos museos, en apariencia, han sido creados por y para la comunidad en la que se alojan. Por tratarse de un fenómeno que parece oponerse a la tradición hegemónica estatal, dichos espacios han atraído el interés de varios investigadores, tanto mexicanos como extranjeros.

En varias de estas investigaciones (Burón Díaz, 2012; Fraustro Cárdenas, 2016; Sepúlveda Schwember, 2011) está presente la polémica de si los espacios creados bajo el nombre «comunitarios» verdaderamente lo son, o qué es lo que les da su carácter, cuál es la metodología aplicada, de quién dependen, cómo se estructuran, etcétera. Es un panorama que no está explorado por completo. Parte del problema ha sido atribuir un solo origen o pensar que por ser comunitarios pueden considerarse bajo la misma tradición. Algunas investigaciones han contribuido a aclarar el panorama, identificando diversas vertientes. La llamada institucional, desarrollada desde el INAH a partir de la década de 1980, cuando se estableció el Programa para el Desarrollo de la Función Educativa de los Museos, fue una política institucional que, desde un organismo central, promovió la creación de los museos comunitarios. La otra vertiente se ha puesto en marcha a partir de un modelo generado en el estado de Oaxaca por iniciativa de comunidades que buscaron el apoyo o asesoría de especialistas, con un desarrollo comunitario «de abajo arriba»; ésta se extendió, más tarde, a la Unión de Museos Comunitarios de Oaxaca e incluso en la Red de Museos Comunitarios de América (Sepúlveda Schwember, 2011, p. 70).

Como sector museal en México, aún estamos lejos de poder conocer con precisión cuáles son los alcances del papel social de los museos. Aunque cada vez se utilizan más herramientas, como los estudios de públicos, para evaluar las actividades del museo y caracterizar a sus visitantes, todavía es una tarea marginal. Varios de los espacios que fueron creados en el furor museal de las décadas previas enfrentan, hoy en día, retos presupuestales o competencia con otros medios; otros espacios se han reinventado y se mantienen vigentes. La Encuesta Nacional de Hábitos y Consumo Cultural, realizada en 2010, reveló la necesidad de actuaciones más democráticas y con mayores alcances, tanto en la distribución territorial de los equipamientos culturales como para la inclusión de públicos más diversos, pues la participación cultural de la generalidad de la población es todavía muy baja. Pese a que la reciente Ley de Cultura y Derechos Culturales (2017) establece mecanismos de participación social, también abre la puerta a la privada, creando incertidumbre sobre la mercantilización de la cultura y el uso privado o rentable del patrimonio.

Como hemos visto a través de este recorrido, conocer el panorama de los museos actuales de México reviste cierta complejidad, bien por los antecedentes históricos de un sistema de museos con hondas raíces, bien por la diversidad de espacios con los que hoy se cuenta. Ha sido de mucha utilidad cambiar el punto desde el que se mira para abordar este análisis desde otras perspectivas, ya sean externas o internas, pero sobre el terreno.

Aunque los registros de museos, tanto nacionales como regionales, son una herramienta útil de gestión pública, éstos enfrentan retos que van desde las definiciones adoptadas, legales o no, hasta lo cambiante del panorama cultural que se transforma día a día, dando paso a nuevas manifestaciones. De los más de mil museos que existen en México aún queda mucho por estudiar, así como rebasar el plano informativo para acceder al de conocimiento, y, por supuesto, sobrepa el ámbito académico en pos de una mayor divulgación entre los ciudadanos.

Los museos como institución son un fenómeno vasto que requiere análisis en profundidad y desde diversos puntos de vista, no es deseable quedarnos con lo aparente, en su mero nombre o titularidad. Por ejemplo, las iniciativas de un museo de la ciudad serán de base comunitaria si las decisiones se adoptan mediante procesos participativos o asambleas; los museos llamados comunitarios serán de base ciudadana si los impulsa un grupo de personas de la sociedad civil con un interés específico; mientras que otros espacios, en un inicio impulsados por intereses estatales o privados, podrían también apelar a procesos participativos y de mayor apertura. Como sociedad tenemos el gran desafío de vigilar estos cambios y exigir dicha participación. Como especialistas, nuestro deber es investigar para ir más allá de las categorías generales y comprender, en detalle, cómo se articulan los intereses, cómo la titularidad puede indicarnos un nivel informativo, pero, a medida que nos acercamos más, podremos observar matices e implicaciones no contempladas.

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