Paloma Aguilar Fernández y Leigh A. Payne:
El resurgir del pasado en España
Fosas de víctimas y confesiones de verdugos
Traducción de Jesús Cuéllar Menezo
Taurus, Madrid, 2018
198 páginas, 17.90 € (ebook 8.99 €)
En su día, finales de los setenta del pasado siglo, España fue vista como un modelo de transición de la dictadura a la democracia. Lo que más admiraba a propios y extraños era que esa transición hubiera llegado a buen término de forma pacífica, gracias a la moderación y las cesiones mutuas. No obstante, llegados al siglo xxi, y en el contexto mundial actual, algunos han comenzado a cuestionarse este elogiado modelo de cambio que creía que la paz y la estabilidad democrática dependían de la amnistía y el olvido, no de la justicia y la verdad. Paloma Aguilar, catedrática de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), y Leigh A. Payne, catedrática de Sociología, destacan en el presente ensayo que, la senda seguida por la Transición española ha estado basada «en la concesión de una amnistía general a los pocos presos políticos que quedaban en la cárcel y a todos los victimarios que podrían haber sido llevados a juicio, sin que ni siquiera se crease una comisión de la verdad». En consecuencia, la intención de este libro es analizar los procesos que condujeron a esa forma de transitar hacia la democracia, teniendo en cuenta los acontecimientos históricos y políticos presentes en la Guerra Civil española, la dictadura, la Transición y la postransición. «Se conformó un entorno —afirman las autoras— en el que el olvido deliberado de los acontecimientos más trágicos del pasado bloqueaba cualquier cuestionamiento de un relato basado en la reconciliación nacional y un reparto simétrico de culpas por las barbaridades cometidas».
El trabajo que comentamos apunta que, aunque, pocos años más tarde de la muerte de Franco, se iniciaran las exhumaciones de republicanos ejecutados y los homenajes a su memoria, hasta veinticinco años después del fin de la dictadura no surgió la generación de «los nietos de la Guerra Civil», que tuvo una notable influencia en la promoción de la exhumación de restos de fosas comunes, por primera vez, con identificación de ADN. La movilización de estos nietos ha cuestionado las interpretaciones del pasado violento español y ha dado visibilidad a las demandas de las víctimas del franquismo. «También ha exigido para España —añaden estas dos destacadas especialistas— medidas de esclarecimiento de la verdad y de la justicia adoptadas por otros países».
Aquí se parte del punto de que el éxito de la Transición española se debe, fundamentalmente, a un pacto entre los blandos del régimen y los moderados de la oposición y se hace especial hincapié en que los debates entre los moderados de uno y otro lado se basaron en lo que en la bibliografía se ha venido denominando indistintamente «pacto de olvido», «pacto de silencio» o «pacto de silencio y olvido». Para las autoras, este silencio sobre el pasado, que con frecuencia emanaba del miedo y la autocensura, «fue una de las consecuencias más importantes —escriben— de la decisión de pasar la página del pasado violento».
Es de sobra conocido que la mayoría de los españoles aceptaba y acepta ese pacto y su objetivo: proporcionar los cimientos de una democracia estable. Pero, al margen de esta gran mayoría, existe hoy en día una señalada minoría que, desde los inicios de la Transición, pareció desafiar el olvido acordado en el ámbito político al exhumar los restos de sus parientes, enterrados en fosas comunes. «Llevaron a cabo ceremonias públicas —señala Aguilar— y erigieron monumentos claramente visibles en los cementerios, al tiempo que reinhumaban los restos de sus deudos».
El pacto del olvido no se acuñó, en verdad, hasta la primera legislatura (1977-1979) y la aprobación de la Constitución de 1978. Durante esos debates, los principales partidos de la oposición llegaron a un acuerdo tácito con el partido del Gobierno que, basado en el proyecto de reconciliación nacional, propugnaba crear cimientos estables para el nuevo régimen democrático sin mirar el pasado. En las últimas dos décadas, han proliferado las críticas a los límites de la Transición y a la capitulación de la oposición democrática. Incluso se ha acuñado la expresión despectiva «régimen del 78». Un sector muy movilizado e ideologizado de la generación de los nietos de la Guerra Civil ha introducido en el debate público esta memoria traumática del pasado. «Las actividades de esa nueva generación —afirma Aguilar— han dado visibilidad a las víctimas del franquismo y desatado acalorados debates sobre la historia del país». Pero los tribunales españoles, muy al contrario, por ejemplo, de los de Chile, consideran que la Ley de Amnistía no permite el esclarecimiento de la verdad mediante la presentación de testimonios ni la recogida de evidencias. Este ensayo puntualiza que, en realidad, el Estado español nunca ha tomado la iniciativa de las exhumaciones, sino que se ha inhibido y ha optado por privatizar esa labor, dejándola en manos de familiares o de asociaciones de memoria. También destaca que en España no se ha erigido ningún monumento en honor de las víctimas del franquismo y que el Estado tampoco les ha ofrecido una disculpa oficial. «No hay —añade— ningún museo dedicado a la Guerra Civil y la dictadura franquista, lo que sorprende sobremanera a nuestros visitantes extranjeros». Hace más de una década, el expresidente Felipe González se lamentaba de no haber fomentado un debate sobre el franquismo y la Guerra Civil y de no haber honrado debidamente a las víctimas.
¿Qué explica la obstinada resistencia de España a afrontar su violento pasado de manera tan directa como lo han hecho otros países?, se preguntan las autoras. ¿Por qué aquí, en comparación con los demás, nos hemos quedado tan atrás a la hora de responder a las reivindicaciones de las víctimas de esa violencia? Su respuesta es que, en resumen, los franquistas se beneficiaron mucho más de un relato nacional que dictaba que «todos somos culpables», fusionando, de forma interesada, los crímenes cometidos por ambos bandos en la Guerra Civil con los perpetrados, de forma exclusiva, por la dictadura. Aguilar y Payne aseguran que la iniciativa legislativa que de modo más explícito ha pretendido enmendar y ofrecer una reparación contundente a las víctimas del franquismo es la ley de memoria histórica. A la vez, les resulta sorprendente que las autoridades españolas hayan mostrado una insensibilidad tan continuada hacia necesidades tan básicas de las víctimas.
A pesar del poco empeño que ha habido en España durante décadas de escuchar revelaciones desagradables de quienes protagonizaron los hechos violentos, unos pocos verdugos han hablado abiertamente de sus horribles actos. Algunos de ellos se recogen en este libro. También se indaga en sus repercusiones, analizando el dramatismo de las confesiones de estos verdugos en diferentes lugares. Al fin, las exhumaciones de restos de fosas comunes y otros procesos testimoniales afines han comenzado a remover los huesos y los relatos, con lo que han generado la incipiente forma de coexistencia contenciosa. Las autoras reconocen que los procesos políticos rara vez son lineales e inexorables y, en consecuencia, «aún está por ver hasta dónde llegará España en este terreno».
Las confesiones, tal y como nos muestran Aguilar y Payne, no lograron romper el silencio ni corregir el discurso sobre las brutalidades pasadas. Se mantuvo la versión de que la violencia franquista había sido necesaria y tenía un carácter meramente defensivo, pues pretendía proteger al país de las atrocidades republicanas. Ambos bandos habían cometido actos violentos. Los dos se podían considerar víctimas y ninguno podía echar la culpa al contrario. «Fuera del relato quedó —insisten— toda la violencia desatada durante la prolongada dictadura, así como las diferencias entre ambos tipos de prácticas represivas». Pero una nueva generación, que son los nietos y los biznietos de víctimas del franquismo, no acepta el relato asentado de la reconciliación nacional basada en el olvido y, por tanto, no cree que cuestionarlo desestabilice la democracia. Las autoras muestran que esos nietos nacieron a finales de la dictadura, si bien se criaron y crecieron después de ella; no obstante, sus memorias familiares van indisolublemente unidas a la violencia de la Guerra Civil y de la dictadura. En consecuencia, rechazan la culpabilidad impuesta a los republicanos por instigar la guerra. Plantan cara a la narración derrotista sobre el régimen republicano. Se niegan a adoptar el difundido discurso, aunque hace ya tiempo discutido por solventes historiadores, de que la guerra era inevitable. Al cuestionar la sentada narrativa de la reconciliación nacional, han desatado un debate. Superando muchos obstáculos institucionales y sociales, han creado una coexistencia contenciosa en la España actual.
Aguilar y Payne insisten en que, en nuestra época, caracterizada a nivel internacional por la justicia transicional y la rendición de cuentas por la violación de los derechos humanos, ese pacto parece impensable. Sin embargo, durante la Transición española lo impensable era que de la investigación oficial de la verdad y la apertura del diálogo pudieran surgir una paz duradera y la estabilidad democrática. «La coexistencia contenciosa —escriben— se consideraba demasiado arriesgada para cualquier democracia incipiente sometida a profundas tensiones políticas». Para estas autoras, hasta que no llegó la época de la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos, no se movilizó un grupo de nietos del violento pasado español que rompió con el pacto del olvido y la idea de reconciliación nacional. Al proceder a exhumar restos, demostraron que estaban en lo cierto: la democracia española era lo suficientemente fuerte como para soportar un debate en profundidad y las víctimas, como ciudadanos, tenían derecho a la verdad y la justicia.
Por su empuje, desde el año 2000 la Sociedad de Ciencias Aranzadi, presidida por el forense Francisco Etxeberría, ha exhumado más de ocho mil cuerpos en más de quinientas fosas. A esta entidad le han seguido otras, aunque en menor escala. «Estas exhumaciones —afirman las dos catedráticas— convulsionaron a una sociedad que creía haber dejado atrás la Guerra Civil y que desconocía la existencia de tantos miles de fusilados enterrados en fosas sin identificar». Estas exhumaciones y la subyacente identificación con los desaparecidos han proporcionado a las víctimas y a sus familiares la oportunidad de contar su historia en privado y en público, en muchos casos, por primera vez. «Esta revelación de verdades familiares sobre el pasado —matizan las autoras— ha tenido lugar sin repercusiones virulentas ni amenazas para el sistema democrático».
La presión crece, según indica el trabajo que comentamos. Todo apunta a que las fuerzas políticas y sociales conservadoras, tan reacias a mirar al pasado, no han sido capaces de limitar las actividades de los medios de comunicación ni de controlar la proliferación de iniciativas sociales que aspiran a crear una comisión de la verdad para desvelar las injusticias del pasado aún vigentes hoy en día. La existencia contenciosa parece que ha comenzado. Fuera de España, hay actores que, por primera vez en la historia, han empezado a presionar al Gobierno español para que cumpla sus obligaciones internacionales y atienda las demandas de las víctimas.
Este breve pero contundente ensayo analiza con rigor cómo se ha venido desarrollando este largo y sangriento proceso, que comenzó en un ya lejano 1936, aunque aún no se da por concluido.
