Lo decimos con entera sinceridad: nos sentimos profundamente contrariados. El espíritu de imparcialidad que pretendemos que brille en estos artículos nos obliga a ello; no podemos menos de hacer esta confidencia. El manifiesto de los socialistas nos ha causado penosa impresión; ese manifiesto —y ésta es la verdad que nos produce pena el proclamar— es un acto antirrepublicano. No sólo antirrepublicano, sino también anticonstitucional. Hubiéramos deseado que en aras de la concordia y de la paz, prestando con ello un servicio a la República, ese manifiesto no se hubiera publicado. Ante ese documento, vulnerador de la Constitución, abramos la perspectiva de una República amplia y cordial, una República para los españoles. […] Decididamente el manifiesto de los socialistas es antirrepublicano. No sólo antirrepublicano, sino anticonstitucional. Va contra el régimen y es un acto de dictadura (Luz, 18 de julio de 1932).

 

Pese a la rotundidad del juicio expresado, insisto en que, apenas siete días más tarde, nuestro protagonista volvió a cambiar de actitud. Mientras desde la dirección de Luz se apelaba al sentido común de los partidos republicanos como responsables de vencer las diferencias personales en favor de un objetivo superior, como era el interés nacional, Azorín se desdecía por completo y calificaba el citado manifiesto —al que una semana antes había tachado de «antirrepublicano» y «anticonstitucional»— de nada menos que «carta puebla de la República». Un vaivén incoherente cuya única explicación reside, quizá, en una lectura apresurada del manifiesto o una primera interpretación errónea de su contenido; sea como fuere, lo cierto es que, con este giro de ciento ochenta grados en su posicionamiento, el escritor volvía a esa defensa del socialismo en la que ya llevaba inmerso varios meses:

¿Hay quien después del manifiesto de los socialistas —que es la carta puebla de la República— crea que es precisa, para la consolidación y prosecución del régimen, la asistencia de las derechas españolas? Las derechas españolas han perdido hace tiempo, en el curso de la historia, si es que la tuvieron alguna vez, su virtualidad social; esa virtualidad ha hecho su rotación hacia otra parte; la fuerza de conservación social está ya en otro lado, está en el grande, el coherente, el vital Partido Socialista. ¿Qué hubiera sido de España, al advenir la República, sin ese partido? ¿Qué sería de España, en cualquier crisis convulsiva de su vida, sin esa fuerza enorme de contención, de orden, de disciplina? Pues la República debe estrictamente ajustar su vivir y su desarrollo a la pauta de las nuevas fuerzas sociales (Luz, 25 de julio de 1932).

 

Mientras Azorín trataba de aclararse, la dirección de Luz evidenció que había perdido la confianza en Manuel Azaña, cuyo proyecto político se creía agotado, a la espera únicamente de que aprobase la Ley de Reforma Agraria, promulgada finalmente el 9 de septiembre. El 5 de agosto de 1932, el periódico que desde su creación «había pasado casi como órgano oficioso del Gobierno» (Redondo, 1970, p. 485), publicó un editorial en el que se pedía de forma explícita un cambio de caras en el Gobierno que hiciese a la gente de la calle más partícipe de la República: «Debe ser un cambio profundo, no de mera fórmula. Es preciso dar un viraje en la política republicana, buscar los temas capaces de reunir la adhesión positiva y entusiasta del país, de brindar a España una tarea histórica y de completar la fusión del pueblo español con su Estado» (Luz, 5 de agosto de 1932). Aunque en el texto no se lo citaba, parece evidente que, a juicio de los responsables de Luz, la persona más indicada para asumir la tarea de presidir el nuevo gabinete era Alejandro Lerroux, de quien se pedía una política más moderada e inclusiva de todos los sectores sociales que la que había llevado a cabo el Gobierno azañista.

No pensaba exactamente lo mismo Azorín, quien, a pesar de sus diferencias ideológicas y de los reparos que él mismo ponía a su carácter, siempre vio en Azaña a un hombre dotado de una oratoria y «un don peregrino de mando, sin el cual, por mucha inteligencia que se tenga, por bien que se hable, no hay gobernante posible» (Luz, 21 de marzo de 1932). En este sentido, es muy indicativo que, en uno de los artículos que publicó durante el primer bienio en el prestigioso periódico La Prensa de Buenos Aires, en el que colaboraba con regularidad —firmó alrededor de mil artículos entre 1916 y 1951— informando de la realidad española, llegó a decir que el político madrileño era el responsable del buen discurrir de la República durante sus primeros y complicados años: «Manuel Azaña es el más alto y original gobernante que nos ha revelado la República. No queremos pensar cuál hubiera sido la suerte de la República sin la revelación de Manuel Azaña. Su marcha no hubiera sido, seguramente, la serena y firme que el nuevo régimen lleva, sino otra muy diversa, titubeante e indecisa» (La Prensa, 23 de abril de 1933). No obstante estos juicios, la campaña en favor de Lerroux iniciada por Luz, la buena relación que unía al político cordobés y al intelectual alicantino desde hacía muchísimo tiempo (se conocían desde la etapa anarquista del joven Martínez Ruiz) y el hecho —sólo explicable en razón de esa relación de amistad— de que Azorín se hubiese afiliado al Partido Radical obligaron a nuestro autor a usar las páginas de su periódico para zanjar los rumores que, desde finales de julio, lo situaban como candidato a diputado en las elecciones previstas para cubrir los escaños que habían quedado vacantes en las Cortes Constituyentes:

Con el título que antecede y el ruego de que la publiquemos, Azorín, nuestro muy querido amigo, nos remite la siguiente nota:

«No podrá decir ningún ministro ni alto funcionario —para los que no tengo más que admiración y respeto— que yo me he acercado a él para pedirle algo. No he puesto los pies en ningún ministerio. No he visitado ni una sola vez el Congreso. A don Alejandro Lerroux, jefe del partido en que milito, no he tenido el gusto de verlo desde mayo del año pasado; la entrevista, ocasional y pública, se redujo al cambio de unas pocas palabras de afectuosa cortesía. A su excelencia el presidente de la República —a quien he tenido el honor de ver todas las semanas, durante la pasada primavera, en la Academia Española— no le he ofrecido mis respetos en el palacio presidencial para que no se interpretara tendenciosamente mi visita. Jamás el presidente de la República ha hablado de política en sus conversaciones de la Academia. Hombre de otra época, si escribo en favor de la República es por creer que con ello trabajo —modestamente— por el orden, por la paz y por la prosperidad de España» (Luz, 6 de agosto de 1932).

 

LA REPÚBLICA DE LOS SUEÑOS ROTOS
En contra de lo que se podría pensar, los errores cometidos durante el primer bienio no hicieron cambiar de opinión a un Azorín que, a la altura de mayo de 1933, seguía defendiendo a capa y espada la labor transformadora de la sociedad española que había desencadenado la proclamación de la República, o eso al menos contaba a sus lectores argentinos, a los que hablaba del nuevo statu quo del país en términos realmente entusiásticos: «Si lo que cambiara en abril de 1931 fuera sólo la forma de gobierno, España no hubiera hecho más que reducir su lista civil; pero hubiéramos progresado. No; es la sociedad misma la que se está transformando… Una nueva aristocracia ha surgido en el mundo: la de la inteligencia y el trabajo» (La Prensa, 7 de mayo de 1933). Ahora bien, pese a la sinceridad y la nobleza que encierran estas palabras de un intelectual comprometido con la causa, toda esa pasión por la República y por su obra, alimentada durante dos años en los que Azorín llegó a ilusionarse de verdad con el proyecto de cambio político para España, se vino abajo como un castillo de arena cuando, en junio de 1933, el alicantino experimentó «una especie de revelación que resultó en una transformación radical y permanente de su postura política» (Ouimette, 1987, p. 42). Como ha escrito Víctor Ouimette, no es que la fe azoriniana en ese ideal republicano se quebrase de un día para otro, sino que la defensa de ese ideal «cambió de la tolerancia paciente a la reprobación dolorida cuando de repente se dio cuenta de que desde el 10 de junio de 1932 languidecía en la cárcel Juan March Ordinas, diputado a Cortes, y uno de los hombres más ricos de España, acusado de una variedad asombrosa de delitos, pero sin haber sido procesado, y sin que se le tomase declaración» (Ouimette, 1987, p. 42).

En efecto, al descubrir la situación que vivía el banquero mallorquín, Azorín se implicó de tal manera en el asunto que dedicó más de treinta artículos al llamado «caso March», primero en las páginas de Luz, donde su posición chocó con la línea editorial de un periódico del que acabó separándose, y luego en las del matutino La Libertad (diario que desde 1924 estaba controlado financieramente por el propio March), al que el escritor se incorporó en octubre de 1933. Aunque no lo conocía personalmente y no tenía ningún motivo aparente por el cual defender su causa, consideraba nuestro autor que una República que se quería plural y abierta no podía actuar de la forma en la que lo había hecho, independientemente de que existieran o no los delitos cuya comisión se imputaban al empresario encarcelado. Por eso, y apelando a su conciencia y a lo que él creía que era su deber como intelectual, emprendió una auténtica campaña —que se alargó entre junio y diciembre de 1933 y que hizo que el diario El Socialista le colocara el apelativo de «juglar de Marcha» (Cabrera, 2011, p. 249)— contra lo que consideraba una injusticia: «No conoces a este señor; estás tan lejos de este señor como podrías estarlo de un ciudadano que en estos momentos esté paseando por Sídney, en la remota Australia… Tú condenas el hecho de esa larga prisión —la prisión de don Juan March—; tú, por lo tanto, debes decirlo con toda sinceridad… Ahora es cosa de poner a prueba tu probidad. Tu probidad profesional y tu dignidad de hombre» (Luz, 19 de junio de 1933). A medida que fue conociendo mejor el caso, Azorín se fue convenciendo de que la República había traicionado sus ideales y de que, por lo que representaba su nombre, March había sido la víctima propiciatoria de una operación orquestada desde el poder y guiada por intereses claramente económicos.