El «giro afectivo» amenaza con socavar toda racionalidad. Arias Maldonado ha dedicado un libro entero a este asunto, La democracia sentimental. Si la época moderna aceptó la distinción cartesiana entre mente y cuerpo a fin de distinguir la acción de la pasión, el acto en el que impera la libertad de la mente y el acto en el que se impone la necesidad del instinto o el sentimiento, el desprecio de la razón, ahora relegada a condición de fosforescencia cerebral o de repositorio de creencias cultural, racial o sexualmente condicionadas, parece empujarnos, sobre todo en política, a un laberinto de pasiones. José Luis Villacañas, en Populismo, encuentra también la causa de la actual crisis de legitimidad política en el predominio de una subjetividad plana, sustentada en las emociones y no la inteligencia crítica. El sistema liberal ha olvidado los ideales ilustrados o los ha distorsionado convirtiendo la tolerancia en valor supremo –poniendo en el mismo plano el discurso mítico y el discurso lógico– y renunciando a la educación, entregada a la pedagogía, avanzadilla populista cuyo programa antiilustrado consiste en supeditar la razón a la emoción y el yo ideal, requisito indispensable del diálogo interior y, por lo tanto, del espíritu crítico, al yo real. Nada de particular tiene, por ello, que el hombre de hoy esté dejando de identificarse con su condición de ser racional y autónomo que forja su yo de acuerdo con su propio proyecto y que prefiera, en cambio, adherirse a identidades que encuentra fuera de él (la vieja nación oprimida, la religión amenazada, el perseguido grupo sexual) o, lo que es peor, asuma sus limitaciones como si se tratara de ideales, algo muy peligroso porque el paso siguiente es convertir la felicidad en un derecho desligado de todo esfuerzo que el sistema debe satisfacer a riesgo de ser considerado ilegítimo.
A Dios lo que es del César
La melancolía de Villacañas, esa añoranza de Ilustración que rezuma su libro, recuerda a la de aquellos romanos de última hora para los que el Imperio cayó debido al abandono del culto a los antiguos dioses. En algún momento, alegremente, sin darnos cuenta de las consecuencias de lo que hacíamos, hemos dado la espalda a la razón. Las consecuencias las vemos ahora. Si no hay realidad, sólo interpretación de la realidad, construcción de la realidad, ¿qué hay de extraño en que la gente, en un momento de crisis y decadencia, quiera levantar una a la medida de sus deseos? Scientia est potentia. Marx, el hegeliano que reprochaba al maestro no haber avanzado de la comprensión a la acción, permanece intacto bajo los escombros de la razón como el busto de madera de un santo milagrero que escapó al incendio del templo donde acudían sus feligreses a venerarlo.
La pretensión de salvaguardar por medio de la ley la igualdad de los desiguales, esencia del Estado democrático de derecho, ha dejado de convencer ya a quienes, pese a la experiencia totalitaria, están convencidos de que las relaciones políticas son insuficientes, y que hay que ir hasta donde haga falta con tal de suprimir cualquier vestigio de desigualdad. El error de quienes, con este mismo proyecto, intentaron durante el siglo pasado construir un mundo ideal a base de confinamientos, deportaciones y asesinatos fue, digámoslo así, el exceso de celo. Hay que evitar el exceso de celo, no incurrir como la Inquisición en la convicción de que todo es de Dios y nada del César, confiar en que el poder espiritual se imponga al temporal en esa modalidad «surfeante», políticamente correcta, de la «hegemonía». Y no es difícil, pues, tal y como hemos visto, el sistema liberal parece haber renunciado al ideal de sociedad de hombres libres que le daba sentido. Un contexto sin objetivos ha de abrir, tarde o temprano, la espita por la que saldrán como genios de la lámpara ciertas preguntas esenciales: ¿es el consenso en que se basa la ley algo real?, ¿no se trata, como sostiene Chantal Mouffe, de una ilusión, de una estrategia liberal para dar estabilidad al sistema?, ¿acertaba Schmitt al suponer que la ilusión del consenso impide la auténtica política, es decir, la acción del soberano, la nación o el pueblo? Y, si no hay política verdadera, solamente marketing electoral, ¿qué ocurre con la lucha histórica de la humanidad por su emancipación?, ¿aceptaremos sin más que la Historia es un proceso desprovisto de sentido? La estrategia de la nueva izquierda no puede ser otra que llevar lo más lejos estas preguntas y polarizar la sociedad: de un lado, aquellos que no ponen ningún bien por encima de la ley porque creen que el acuerdo social y la paz resultante son la base del bienestar; de otra, aquellos que achacan el malestar al contrato social y al Estado e invocan, de acuerdo con dicha convicción, una instancia superior a la ley, el soberano, identificado con el pueblo o, como se dice ahora (en una acepción que parece sacada de las obras de Ortega), la gente.
En Estudios del malestar, José Luis Pardo ha personificado magistralmente estas posturas en Hobbes y Carl Schmitt. El primero, uno de los padres de la filosofía política moderna, fundó el derecho en el acuerdo entre los hombres y no en la gracia divina o la moral, como se había hecho hasta entonces. Lo moderno de su planteamiento no estriba, sin embargo, en el contenido de su tesis, sino en su carácter axiomático. El pacto no es algo que haya sucedido. Una transición efectiva del estado de naturaleza al estado social equivaldría a admitir una fundamentación natural de la política. La idea de Hobbes es que no hay política, orden civil, Estado, sin ley, y que ésta supone ir más allá de la lucha por la vida, del todos contra todos de la naturaleza. El fundamento de la política es el Derecho y este no tiene a su vez un fundamento externo en que apoyarse, sino que es el fundamento en que nos apoyamos para convivir socialmente. Apelar a los individuos, al pueblo, a la voluntad de Dios como fundamento del Derecho es situarse fuera del horizonte de la razón, donde no rigen principios. La naturaleza, aquello que precede al contrato social (aquí hay que incluir también, dice Pardo, las «comunidades» y «órdenes jurídicos concretos»), sólo «puede ser concebida como una anterioridad rigurosamente irrecuperable». Recuperarla, sin embargo, es lo que desean quienes piensan que el Estado constituye una estructura al servicio de intereses particulares. El derecho, para ellos, debe ser postergado como elemento de legitimación política frente a otras instancias: éticas, como las que inspiraron el comunismo, o biológicas, como las de quienes creen ahora que la misión del Estado no puede ser ya la protección frente a la sociedad y los otros hombres, sino el bienestar en sentido global, físico y psicológico. Schmitt es quizá el gran representante teórico de esta posición con su teoría de que el Estado de derecho, en su esfuerzo por evitar el conflicto y neutralizar el estado de naturaleza abolido por el contrato social, degrada la política convirtiéndola en pantomima. El conflicto es la base real de toda estructura jurídica y lo único que en verdad puede cambiarla. Marx ponía, de hecho, al proletariado en estado de guerra permanente invocando un derecho más alto que un contrato social que parecía no haber contado con él. Claro que esa situación ha cambiado y, por eso, la izquierda no habla ya de proletariado, sino que prefiere los conceptos del jurista nazi, en particular su idea de «estado de excepción» (esa situación en la que queda en suspenso la ley) y su concepto de «soberano» (aquel que tiene poder efectivo para declarar el estado de excepción). Que Schmitt tuviera en mente a Hitler, y a la «gente», es algo secundario. A fin de cuentas, volvámoslo a decir, se trata de hegemonía, y para lograrla hay que quebrar la ilusión del consenso, destruir el orden establecido en nombre del pueblo, sea este lo que sea.
Los cristianos se hicieron con la hegemonía creyendo que vendría el Reino de Cristo, pero lo que vino fue la Iglesia. Ésta puso en práctica el principio de que «al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». El resultado fue una teocracia sostenida en la guerra de todos contra todos. Los ataques contra el papismo tan frecuentes en los inicios de la época moderna no fueron debidos a razones teológicas. Hobbes, por ejemplo, estaba seguro de que el peor y más peligroso enemigo del Estado es la Iglesia y su doctrina del origen divino del poder. La política, concebida de esa manera, es impensable, queda supeditada a la fe, a algo que escapa a la razón y es fuente de constantes conflictos. Para evitarla es precisa la ley. La ley facilita la convivencia. El problema, para Hobbes, es que la Iglesia cuestiona siempre el poder de la ley. La ley positiva es fruto de los tiempos. Hay que supeditarla a la ley natural y la ley eterna, cuya definición le toca a ella. El poder espiritual no admite la política. Oponerse a él, como vemos en los países islámicos, es oponerse a Dios. Llama la atención que los adversarios del Estado liberal hayan retomado hoy esta estrategia premoderna, islamita. Claro que, en vez de Dios, se habla de «pueblo». Al diferenciar Estado y pueblo, relativizan al primero y contraponen el orden temporal, corrupto e imperfecto, al orden espiritual, encarnado por ellos mismos. Esta contraposición no se basa en una comparación entre el mundo real y el mundo ideal, a la manera en que criticó Nietzsche, pues lo ideal, en una época que huye de la razón, no es nada definido, sólo un sentimiento, un fluido fraternal. El populismo, nombre con que se conoce la hostilidad hacia el sistema y el anhelo de romper con él, aunque en ese modo pueril y vanguardista del rechazo sin alternativas, prefiere el sentimiento al juicio. La prueba de que es así es que el pueblo (la sociedad o la gente) al que apelan los populistas, no es el pueblo en sentido romano, reunido en torno a la ley, sino el pueblo elegido, vinculado a una fe, unido por el deseo y el delirio.
