Todo principio no es más que una continuación, y el libro de los acontecimientos se encuentra siempre abierto a la mitad.
Wislawa Szymborska
Otoño
En una conversación que tuve con la periodista mexicana Daniela Rea a finales de 2020, hablamos sobre lo que significaba la palabra justicia. No desde su etimología, pero indudablemente nos acechaba ahí como un contexto del que no podíamos huir: iustitĭa en latín que viene de ius -derecho- y significa lo justo. Daniela me expresaba sus inquietudes respecto a cómo posicionarse ante las injusticias que se viven en un país donde según las estadísticas oficiales se cometen diez feminicidios al día: «Si el Estado es el principal agresor, ¿cómo vives con eso, cómo te sitúas ante eso? (…) ¿Qué será lo que buscamos, será realmente la palabra justicia? Porque pienso que podemos encontrar algo más que esto y tener un posicionamiento político claro para arrojar toda la energía ahí e imaginar otras cosas. Ya no quiero seguir hablando de justicia en términos de una justicia de Estado».
Pensé mucho en estas palabras cuando la vi en una foto en la conmemoración de la marcha de la Ciudad de México el ocho de marzo de 2021. En sus manos llevaba un cartel que decía: Liliana Rivera Garza, asesinada en 1990. Justicia. Ese mismo día en un tuit de Cristina Rivera Garza, aparece una fotografía de una las hijas de Daniela Rea al lado del cartel. Me imaginé a Daniela tratando de contarle lo que significaba públicamente que ellas nombraran a una mujer que no conocieron. Pasado y presente. Porque la búsqueda de justicia (o de esa otra cosa que todavía no tiene nombre) se escribe en un continuo tiempo-presente aunque hablemos del pasado. Dos momentos que se unen perpendicularmente: una línea hacía el futuro, otra hacía el pasado que en un punto se enredan, se detienen, se enlazan y se sostienen hasta ser un punto, el punto de partida.
Porque la búsqueda de justicia (o de esa otra cosa que todavía no tiene nombre) se escribe en un continuo tiempo-presente aunque hablemos del pasado
En aquella conversación, Daniela me expresaba su preocupación sobre cómo transmitir a sus hijas que nadie tenía derecho a hacerles daño: «Les digo que nadie tiene derecho a hacerles daño, ni yo, que soy su mamá, y para mí es importante decírselo porque me pregunto qué opera en ellas al escuchar y ver estas contradicciones. ¿Qué les enseñó yo con mis propias formas y acciones? (…) Pero apelo a la confianza, porque la confianza es un acto de voluntad, una decisión. Es algo que tú otorgas a otra persona aunque a veces no sea recíproco».
Y eso es lo que hace Cristina Rivera Garza en su libro El invencible verano de Liliana, confía. En 298 páginas, abre la posibilidad de la intersección, del punto que inicia y que une dos líneas: 1990 y 2021, para concretar un universo que nos muestra los símiles y disímiles que existen en la búsqueda de la palabra justicia. Esto pasó hace más de treinta años, pero también pasa hoy. En ese acto de voluntad, confía no solo en su capacidad literaria, sino en esa voz propia que está dispuesta a nombrar, y a que otras mencionen el nombre completo de su hermana, para problematizar desde la literatura la palabra justicia:
«Estoy segura de que ella nos contesta. Y que la oímos. Por primera vez no tengo vergüenza de estar aquí, a tu lado. Liliana. Por primera vez sé que puedo pronunciar tu nombre sin caer de rodillas. Hay otros. Hay tanto más. Esta es la palabra justicia y acabamos, sí, de salir del Mictlán. Un eco y tantos otros. Uno más. Y, éste, el abrazo que siempre nos recibió dentro de tu pecho. El aire de tu nombre completo: Liliana Rivera Garza.
Tú misma». (Pág. 44)
Ese párrafo me recordó algo que me dijo Daniela Rea en otoño de 2020. «A lo mejor es más fácil otorgar la confianza cuando sientes que estás con un par, con una colega, con un igual… La confianza puede ser una guía para construir otro concepto de justicia».
Invierno
Lilian Chapa Coloffon, analista en políticas de seguridad pública con experiencia en México, Honduras y Colombia, y que actualmente se desempeña como investigadora senior del World Justice Project (WPJ), ante mi pregunta respecto a por qué era necesario defender la seguridad estatal en un país donde todas las personas desconfiábamos del Estado, me respondió con otro cuestionamiento: «¿Estaríamos mejor si la función de proteger la vida y las libertades de las personas no la desempeñaran los gobiernos, sino que estuviera a cargo de particulares o de empresas privadas? Porque ese es el otro lado de la moneda. Y en mi reflexión, la respuesta es siempre que no. Nos enfrentaríamos a un sinfín de intereses privados incompatibles con la noción del bien común; a la ley del más fuerte. Dominarían el sector quienes más armas o poder político concentren, y no serían otros que dueños de fortunas o todo tipo de organizaciones criminales bien estructuradas. O una combinación de ambos. ¿Qué idea de seguridad y de acceso a la justicia tienen estos grupos? ¿Cómo se les vigilaría o llamaría a cuentas? No habría cómo».
Esta otra posibilidad de Estado que me explica Chapa Coloffon, para la investigadora Rita Segato ya existe y la menciona en su libro Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres (2014), en donde afirma que no hay un lenguaje jurídico que hable de estas nuevas guerras porque no se nombran en las legislaciones aunque en el día a día, tanto en México como en muchos países de América Latina, las mujeres vivamos esa realidad. De acuerdo con Segato, esta informalidad/impunidad puede desplegarse en un espacio que podemos caracterizar como para-estatal, justamente porque son las corporaciones armadas con franca participación de efectivos estatales y para-estatales. Y que, tanto violaciones y tortura sexuales así como los feminicidios deberían de considerarse como crímenes de guerra porque «son formas de la violencia inherente e indisociable de la dimensión represiva del Estado contra los disidentes y contra los excluidos pobres y no-blancos» (pág. 62).
Por eso, es que no sorprende la desconfianza ante las instituciones mexicanas. En el caso de los feminicidios la impunidad es avasalladora, en el 2019 el porcentaje alcanzó el 51.4 % en México, de acuerdo al informe de la organización Impunidad Cero titulado: Impunidad en homicidio doloso y feminicidio: Reporte 2020. Pero, además, se sabe que muchos de los asesinatos de mujeres se clasifican como dolosos, y ahí el porcentaje aumenta al 89,6%. ¿Cómo posicionarse o pedir justicia en estos términos, desde dónde, en quién se confía?